Una niña de seis años ha fallecido y otra de cuatro permanece ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Clínico de Valencia después de haber sido atendidas la misma mañana en una clínica dental privada de Alzira (Valencia).
Según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad, citadas por agencias como EFE y Europa Press y recogidas por varios medios, la mayor de las niñas ingresó a las 16.52 de este jueves en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira, en parada cardiorrespiratoria. Había pasado horas antes por la consulta de la clínica dental, donde recibió un tratamiento cuya naturaleza exacta no ha sido hecha pública. Pese a los intentos de reanimación, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento y declarar el llamado “éxitus judicial”, fórmula que activa la intervención de la autoridad judicial y forense.
Poco antes, a las 15.11, otra niña, de cuatro años, también tratada esa misma mañana en la misma clínica, había acudido a Urgencias del mismo hospital con fiebre, vómitos y somnolencia. Tras ser estabilizada y valorada, fue trasladada en una unidad del SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde continúa ingresada.
La Conselleria de Sanidad ha abierto una investigación y ha suspendido cautelarmente la actividad de la clínica dental hasta el esclarecimiento de los hechos.
La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha reaccionado con la apertura de un expediente informativo y con una medida de máximo impacto para la clínica: la suspensión cautelar de su actividad. El Servicio de Inspección será el encargado de revisar qué pasó en la consulta ese día, qué tratamiento se realizó a las menores, qué medicación se administró y si el centro cumplía con las exigencias de personal, equipamiento y protocolos que marca la normativa autonómica.
Fuentes del departamento señalan que se ha actuado a partir de la información remitida por el responsable de la guardia de Urgencias del Hospital de la Ribera, que dejó constancia en su informe de que ambas niñas habían sido atendidas esa mañana en la misma clínica dental. Es a partir de ese documento y de la gravedad de los hechos cuando Sanidad ordena bloquear la actividad del centro mientras se esclarecen las circunstancias.
La suspensión cautelar no implica, por ahora, una sanción definitiva ni la constatación de una negligencia, pero sí supone que la Administración considera imprescindible “congelar” la actividad para poder inspeccionar historias clínicas, hojas de medicación, registros de consentimientos informados y condiciones materiales del gabinete sin que la práctica diaria interfiera en esa labor.
La vía judicial: un “éxitus judicial” que obliga a ir hasta el final
La fórmula “éxitus judicial” que figura en el parte de la niña fallecida no es un tecnicismo cualquiera. En la práctica significa que la muerte no se considera, de entrada, una defunción plenamente natural y que, por tanto, debe intervenir un juzgado de guardia y el Instituto de Medicina Legal, con autopsia y estudios complementarios.
Fuentes policiales consultadas por distintos medios apuntan a que ya se han puesto en marcha diligencias para recabar documentación del hospital y de la clínica dental, aunque por el momento no ha trascendido si la familia ha formalizado una denuncia o si la investigación penal avanza de oficio.
En el centro del caso están ahora tres piezas clave: el informe forense de la autopsia, los eventuales análisis toxicológicos —que pueden determinar si hubo reacción a algún fármaco, problema de dosificación o interacción medicamentosa— y el informe de la inspección sanitaria sobre el funcionamiento del centro y el cumplimiento de los protocolos exigibles para tratar a menores.
Una niña de seis años ha muerto tras pasar por una clínica dental; otra, de cuatro, lucha por recuperarse en una UCI pediátrica; y la clínica donde fueron atendidas permanece con la persiana bajada mientras se revisa, paso a paso, qué ocurrió.
La muerte de una menor tras una visita al dentista sacude un terreno especialmente sensible: la confianza de las familias en que los procedimientos cotidianos, aquellos a los que se acude sin pensar en un riesgo vital, son seguros. En España, la atención a la salud bucodental infantil forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en determinados procedimientos básicos, mientras que otros tratamientos se realizan en la sanidad privada, muy extendida en el ámbito de la odontología.
En ese escenario, sucesos como el de Alzira obligan a las administraciones a un equilibrio delicado. Por un lado, están la transparencia y el deber de vigilancia sobre clínicas y profesionales. Por otro, la necesidad de no convertir en sospecha generalizada una actividad que millones de pacientes reciben cada año sin consecuencias graves. La decisión de Sanidad de cerrar cautelarmente el centro, abrir un expediente y remitir el caso al ámbito judicial envía un mensaje nítido: la investigación será exhaustiva y con participación de todos los niveles implicados, desde la inspección administrativa hasta la pericia médico-forense.
De momento, las únicas certezas son las que caben en una nota de urgencias y en un comunicado oficial: una niña de seis años ha muerto tras pasar por una clínica dental; otra, de cuatro, lucha por recuperarse en una UCI pediátrica; y la clínica donde fueron atendidas permanece con la persiana bajada mientras se revisa, paso a paso, qué ocurrió dentro de sus paredes.
