La Policía Nacional ha detenido este miércoles a la dueña y al anestesista de la clínica dental privada de Alzira donde fue atendida la niña que falleció tras un tratamiento dental, mientras otra tuvo que ser hospitalizada.
La muerte de una niña de seis años tras un tratamiento dental en una clínica de Alzira ya no se mira solo como una tragedia aislada. El caso ha derivado en una investigación penal de amplio alcance, con un anestesista detenido, la propietaria de la clínica investigada y un centro sanitario clausurado por realizar sedaciones para las que no estaba autorizado. En paralelo, otra niña, de cuatro años, atendida el mismo día en la misma consulta y con un cuadro clínico muy similar, ha logrado salir adelante tras pasar por la UCI pediátrica.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº5 de Alzira, intenta responder a tres grandes preguntas: Qué ocurrió exactamente durante la sedación de las menores, qué medicamentos se utilizaron y en qué condiciones, y si en esa clínica se había normalizado una práctica para la que ni el centro ni su equipamiento estaban preparados.
El anestesista robaba medicación anestésica del Hospital de Manises para utilizarla en centros privados
El primer gran giro se produjo con la detención del anestesista que acudía a la clínica de forma puntual para realizar las sedaciones. Médico especialista en Anestesiología y Reanimación, trabajaba también en el Hospital de Manises, donde presuntamente habría sustraído medicación anestésica para emplearla después en centros privados. Sobre la mesa, la policía le atribuye, de forma provisional, delitos de homicidio imprudente por la muerte de la niña de seis años, lesiones por el cuadro sufrido por la menor de cuatro, delitos contra la salud pública, omisión del deber de socorro y hurto de medicamentos.
Pocas horas después fue detenida la propietaria de la clínica, que quedó en libertad con cargos tras declarar, a la espera de lo que decida el juzgado. A ella se le investiga por un posible delito contra la salud pública y por omisión del deber de socorro. La clínica, mientras tanto, permanece cerrada cautelarmente desde que se activó el protocolo de inspección sanitaria.
Las diligencias se han centrado en los registros: la policía y los inspectores han revisado historias clínicas, consentimientos informados, aparataje de monitorización, documentación administrativa y existencias de medicación. El objetivo es reconstruir, con la máxima precisión posible, cómo se trabajaba en ese centro, qué papel tenía cada profesional y de dónde salían los fármacos utilizados para las sedaciones.
Más allá de la letra fría de los atestados, el caso ha calado hondo entre padres, madres y profesionales sanitarios. En los últimos días se repiten las mismas preguntas en consultas, pasillos de hospital y colegios profesionales.
Muchos padres han descubierto que la autorización como “clínica dental” no implica automáticamente poder realizar cualquier tipo de sedación.
Las familias quieren saber cómo comprobar si una clínica está realmente autorizada para la sedación que les proponen; quién es exactamente la persona que va a sedar a su hijo; qué se hará si algo va mal. Muchos padres han descubierto ahora que la autorización como “clínica dental” no implica automáticamente poder realizar cualquier tipo de sedación.
Los profesionales, por su parte, miran también hacia dentro. Dentistas y anestesistas que trabajan de forma rigurosa en sedaciones odontológicas temen que el caso extienda una desconfianza generalizada hacia una técnica que, bien indicada y bien ejecutada, evita sufrimiento y facilita tratamientos necesarios. Al mismo tiempo, reconocen que durante años se ha convivido con prácticas irregulares o poco claras en algunos centros, amparadas en vacíos normativos o en una sensación de impunidad.
En Alzira, una familia llora a una niña que no volverá. Otra intenta recuperar la normalidad con una pequeña que ha sobrevivido por muy poco. Entre ambas historias, el sistema sanitario y la justicia se juegan algo más que un puñado de responsabilidades penales: se juegan demostrar que el dolor de estas familias servirá para revisar qué se hace, cómo se hace y quién vigila que las promesas de seguridad de una consulta dental no se queden solo en la pared de la sala de espera.
