El Real Decreto 666/2023 establece un nuevo sistema para regular el uso de antibióticos que genera reticencias entre los veterinarios, que lamentan que se limita su juicio clínico.
El pasado 18 de julio, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 666/2023, una legislación que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios en el país. Si bien el propósito oficial de esta normativa es garantizar un mayor control en el uso de fármacos, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la resistencia a los antibióticos, su implementación ha levantado una fuerte ola de críticas entre los profesionales del sector veterinario. A pesar de las buenas intenciones en términos de salud pública y animal, la ley parece ignorar la realidad del trabajo diario de los veterinarios, a quienes se les impone una carga burocrática que podría poner en peligro la calidad de la atención que brindan a los animales.
La nueva ley introduce una serie de medidas que impactan directamente en la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios. Entre las más destacadas, encontramos la obligación de utilizar recetas electrónicas, la necesidad de una mayor documentación sobre los tratamientos prescritos y un control más exhaustivo sobre la distribución de medicamentos. El objetivo declarado es asegurar la trazabilidad y eficacia de los medicamentos, así como minimizar el uso indiscriminado de antibióticos, en línea con los esfuerzos globales para frenar la resistencia antimicrobiana.
Además, se establece un sistema de control más riguroso que involucra tanto a las clínicas veterinarias como a los distribuidores, buscando evitar el uso incorrecto de medicamentos y garantizar que los fármacos lleguen al destino adecuado.
Malestar en el sector veterinario con el Gobierno Central
El Real Decreto ha encontrado una férrea oposición en buena parte de la comunidad veterinaria, cuyos miembros ven en estas nuevas normativas una carga innecesaria que afectará tanto su autonomía profesional como la calidad del servicio que pueden ofrecer a sus pacientes, los animales.
La exigencia de recetas electrónicas ha sido una de las principales fuentes de frustración. En muchos casos, las clínicas veterinarias, especialmente las de zonas rurales o pequeñas localidades, no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para implementar el sistema, lo que genera una brecha digital que podría poner en jaque la viabilidad de muchas de estas clínicas. La burocracia adicional asociada a la prescripción más detallada, que implica un seguimiento exhaustivo de cada medicamento recetado, también ha generado una gran preocupación. Muchos veterinarios se sienten desbordados por la cantidad de trámites administrativos que deberán realizar, cuando lo que desean es concentrarse en el bienestar de los animales.
Por otro lado, algunos profesionales temen que las nuevas regulaciones afecten su relación con los dueños de las mascotas. La necesidad de justificar de manera más detallada cada prescripción podría llevar a que los propietarios perciban una limitación en los tratamientos que ellos mismos consideran apropiados, generando desconfianza y descontento.
El contexto político que rodea la promulgación de esta ley no es irrelevante. La legislación, que fue aprobada sin un consenso claro con el sector veterinario, responde a la presión de la Unión Europea y de organismos internacionales que buscan un control más estricto sobre el uso de antibióticos en animales. Sin embargo, la implementación de medidas tan estrictas sin tener en cuenta la realidad del sector ha llevado a muchos a cuestionar la forma en que se gestiona el bienestar animal en España.
El Gobierno debería tomar nota de las críticas de los veterinarios y reconsiderar las implicaciones de la ley para los profesionales del sector. En lugar de imponer una nueva capa de burocracia y limitaciones, sería más efectivo invertir en la formación y los recursos necesarios para que los veterinarios puedan cumplir con los objetivos de la ley sin sacrificar la calidad de su trabajo. La autonomía profesional es fundamental para un servicio de salud animal eficiente y cercano a la realidad de los propietarios de mascotas, y debería ser protegida frente a la proliferación de regulaciones excesivamente rígidas.
El Real Decreto 666/2023 ha puesto de manifiesto una desconexión entre las autoridades políticas y los profesionales que, día a día, cuidan de los animales. En lugar de imponer medidas que no se adaptan a la realidad de las clínicas veterinarias, el Gobierno debería haber establecido un diálogo más cercano con los veterinarios y otros actores clave del sector para diseñar una legislación que, por un lado, proteja la salud pública y animal, y por otro, respete las capacidades operativas y las necesidades de los profesionales del ámbito veterinario.
