Al menos siete años de advertencias, correos, reuniones discretas y una querella política contra la corrupción del CNIO que el Ministerio de Ciencia ignoró hasta la denuncia de 2025.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), referencia estatal en investigación del cáncer, está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en su contratación pública. La causa se ha abierto a partir de la denuncia de un ex alto cargo del área económica del centro, que atribuye a antiguos responsables un posible desfalco de dinero público a través de contratos amañados durante casi dos décadas.
2017–2018: De una norma laboral a la primera alarma en el Ministerio
Hernández entra en el CNIO en 2006. Según su propio testimonio, el punto de inflexión llega en 2017, cuando una norma interna deja en el alero a unos cien compañeros con contratos temporales. Ella, con experiencia previa como concejala, se mueve en el terreno político y sindical para frenar esos despidos. Logra parar el golpe, gana las elecciones del comité de empresa y, a partir de ahí, decide mirar con lupa el presupuesto.
Lo que encuentra le hace saltar las alarmas: contratos repetidos al límite de los 50.000 euros —la cifra a partir de la cual la fiscalización es más estricta—, siempre en mantenimiento; adjudicaciones reiteradas a las mismas empresas vinculadas, afirma, a cargos de Gerencia; gastos cuantiosos en obras que el personal no veía por ninguna parte y partidas elevadas en dos ferreterías. Todo ello en un centro que, sobre el papel, debería volcar la mayor parte de sus recursos en ciencia, no en ladrillo.
Esa inquietud encaja con lo que más tarde recogerán distintos autos judiciales: que la presidenta del comité de empresa “mostró interés en el presupuesto del CNIO, en las distintas partidas presupuestarias y en las licitaciones” en el marco del proceso de estabilización de empleo.
El 4 de septiembre de 2018, Hernández se sienta en el Ministerio de Ciencia. Según ha relatado en entrevistas y consta en sus escritos, se reúne con el secretario general de Ciencia, Rafael Rodrigo, número dos del ministro Pedro Duque, y le entrega documentación sobre esos contratos “llamativos, cero científicos y sospechosos”, basados en datos públicos de gasto de mantenimiento del edificio.
Ella sostiene que Rodrigo le recomienda no usar sus contactos políticos. Sale de la reunión, se levanta y escribe directamente al ministro Duque ese mismo día y en dos correos posteriores. Nunca recibió respuesta, afirma.
Diciembre de 2018: La reunión con Raquel Yotti y el aviso “protegeos”
Ante el silencio del gabinete del ministro, Hernández solicita una reunión con la entonces directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, organismo al que está adscrita la fundación CNIO. La cita tiene lugar el 20 de diciembre de 2018.
Según la transcripción que la investigadora dice haber aportado en sede judicial, Yotti les lanza un mensaje que hoy resulta especialmente incómodo: “Vosotras también os tenéis que proteger. Porque al final, ni el secretario general, ni yo, ni nadie, vamos a tener ningún problema… Tenéis que cuidaros, porque aquí hay personas que conocen bien las leyes y los vericuetos legales. Lo que no puede pasar es que esto os cause a vosotras ningún problema”.
No hay constancia pública de que, tras esa reunión, el Ministerio de Ciencia o el Instituto de Salud Carlos III abrieran una investigación interna específica sobre la contratación del CNIO. En la documentación judicial y en los reportajes publicados hasta ahora, lo que aparece es la recomendación de prudencia a las denunciantes y la continuidad del mismo esquema de gestión económica en el centro.
2019–2021: Las denuncias llegan a los partidos y la querella de Vox
Ante la falta de reacción de la Administración, Hernández cambia de estrategia. Como presidenta del comité de empresa, traslada la misma información a todos los grupos parlamentarios. Relata reuniones con varios partidos, algunas de ellas repetidas con Podemos, que —según su versión— le propuso hacer ruido mediático. Ella se resiste a sacar el caso a la prensa para no dañar el prestigio científico del centro.
Quien finalmente recoge el guante es Vox. El 17 de diciembre de 2020, el partido anuncia una querella contra el gerente Juan Arroyo y otros dos responsables del CNIO por presunta prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude y malversación, basada precisamente en esas adjudicaciones reiteradas en torno a 49.000 euros en los años 2017 y 2018.
En febrero de 2021, el Juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid admite a trámite la querella, después de requerir a Vox una fianza de 6.000 euros, según informó entonces la prensa.
2023–2024: Archivo provisional y un caso que parece morir
El recorrido de la querella de Vox está lejos de ser lineal. Primero es archivada, después reabierta por la Audiencia Provincial de Madrid en febrero de 2024, que ordena practicar diligencias que habían qo pendientes.
Pocos meses después, en primavera de 2024, el Juzgado de Instrucción vuelve a decretar el archivo provisional al no apreciar indicios suficientes de delito en las adjudicaciones investigadas, según Vozpópuli y otros medios.
Para el Gobierno central, este cierre judicial refuerza la idea de que no había materia penal sólida. Para las personas que llevaban años denunciando, el archivo se vive como una derrota y como la confirmación de que el sistema no estaba dispuesto a entrar a fondo en la estructura de contratos del CNIO.
En todo ese periodo, y pese a que el CNIO es una fundación del sector público estatal bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, no trasciende ninguna investigación administrativa profunda impulsada desde el propio Gobierno sobre esos contratos, más allá de las auditorías económicas habituales.
2024 – 2025: Nuevas advertencias desde dentro
A finales de 2024, el guion vuelve a moverse. Un nuevo directivo, el director de Operaciones del CNIO, empieza a revisar la contratación menor tras la polémica previa. Según su denuncia posterior, detecta otra vez la misma pauta: muchas adjudicaciones de importes pequeños, repetidas, a las mismas empresas de entorno conocido, sin descripción detallada del objeto del contrato más allá de conceptos genéricos como “Obras”.
En enero de 2025, la hasta entonces directora del CNIO, María A. Blasco, convoca una rueda de prensa en la que afirma haber trasladado a la Fiscalía supuestas irregularidades en contrataciones, señalando al gerente Juan Arroyo. La Fiscalía, sin embargo, no confirma la existencia de una denuncia formal en esos términos.
Ese mismo año, la situación interna del centro estalla por múltiples frentes: acusaciones cruzadas de acoso, tensiones en la cúpula y un deterioro financiero y organizativo que lleva al Patronato, donde se sientan representantes del Gobierno, a promover cambios en la dirección.
2025: la denuncia del director de Operaciones y el papel del Ministerio
El salto definitivo a la Fiscalía Anticorrupción llega con la denuncia de ese ex director de Operaciones, presentada en junio de 2025. Es un informe de unas 120 páginas que describe una presunta trama de contratos inflados, fraccionados o sin prestación real, en beneficio de empresas vinculadas a antiguos cargos del CNIO, con el exgerente Juan Arroyo en el centro del esquema.
Según la información publicada en diario-salud.es y otros medios, este directivo afirma haber alertado desde marzo de 2025 a altos cargos del Ministerio de Ciencia de lo que estaba viendo, mediante correos y comunicaciones internas, antes de acudir a Anticorrupción.
Ahí se sitúa uno de los puntos más delicados para el Gobierno. El Ministerio reconoce haber tenido noticia de esa comunicación, pero sostiene que no se trataba todavía de una denuncia formal con apariencia delictiva y que solo tuvo conocimiento de la apertura de diligencias cuando la Fiscalía Anticorrupción lo comunicó oficialmente el 26 de noviembre de 2025.
Solo cuando la denuncia llega formalmente a la Fiscalía y esta abre diligencias, el caso estalla públicamente y el Patronato aprueba, ya en noviembre, la salida de Arroyo y de otros dos altos cargos del área económica.
Desde 2018 el Ministerio de Ciencia dirigido por Pedro Duque ha ido recibiendo información de distinta intensidad que ha ignorado
Las alertas sobre la contratación del CNIO se remontan al menos a 2018; el Ministerio de Ciencia ha ido recibiendo información de distinta intensidad desde entonces; una querella penal impulsada por un partido político fue archivada provisionalmente; y solo tras la denuncia del director de Operaciones en 2025 la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación específica y el Patronato ha cesado a la antigua cúpula económica.
Lo que todavía no ha aclarado ningún informe independiente ni ninguna resolución judicial es si, en estos siete años, el Gobierno reaccionó con la diligencia exigible ante las señales que llegaban desde dentro del propio CNIO o si, por el contrario, dejó que el problema se pudriera hasta que la intervención de Anticorrupción hizo inevitable el giro.
Esa es, hoy, la cuestión de fondo que planea sobre el caso: no solo qué pasó con los contratos del principal centro oncológico público, sino qué hicieron —y qué dejaron de hacer— las instituciones que se suponía que tenían que vigilar cómo se gasta el dinero de la lucha contra el cáncer.
