Mónica García, ha remitido una carta a las consejerías reclamando un acuerdo antes del 1 de diciembre para recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados y centros de salud.
Dónde son obligatorias las mascarillas en España (Diciembre de 2025)
Hace un año, el Ministerio de Sanidad se enfrentó a buena parte de las comunidades autónomas imponiendo por orden la mascarilla obligatoria en hospitales y centros de salud, amparado en el artículo 65 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. La decisión se tomó a toda prisa, sin consenso en el Consejo Interterritorial, con protestas de varios gobiernos autonómicos y dudas de juristas sobre si era necesario recurrir a una declaración de actuaciones coordinadas cuando las comunidades ya disponen de competencias en salud pública para regular el uso de mascarillas en sus propios centros. Aquella fractura dejó heridas abiertas que hoy vuelven a aflorar.
Este viernes, Sanidad y las autonomías vuelven a sentarse en un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial con el objetivo de coordinarse sobre cómo responder a las olas de virus respiratorios, qué papel debe jugar la mascarilla y hasta dónde puede coordinar el ministerio de sanidad. La ministra, emplazó a las consejerías autonómicas a través de una carta a alcanzar antes del 1 de diciembre un acuerdo sobre un marco de actuación común que incluya la vuelta a las mascarillas en espacios cerrados cuando sea necesario.
Aragón, Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana recomiendan el uso de mascarilla en centros sanitarios y espacios cerrados.
Ese intento de encauzar el conflicto llega tras un primer fracaso. El año pasado, un borrador de plan común frente a la gripe y otros virus respiratorios naufragó por el rechazo de varias comunidades gobernadas por el PP y acabó degradado a simple documento de recomendaciones colgado en la web del ministerio, sin carácter vinculante. Este otoño la escena se repitió en la Comisión de Salud Pública del 13 de noviembre: el texto volvió a quedar bloqueado, y García ha optado por rescatarlo políticamente, llevarlo de nuevo al Interterritorial y forzar una negociación exprés en plena temporada epidémica.
Mientras tanto, el país vuelve a dividirse por adelantado. Aragón, Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana han empezado a mover ficha por su cuenta, recomendando el uso de mascarilla en centros sociosanitarios y en otros espacios cerrados, sobre todo para personas vulnerables y para los profesionales que las atienden. En Valencia, la conselleria de Sanidad ha enviado instrucciones a los departamentos de salud para que pacientes con síntomas, sanitarios y acompañantes en unidades especialmente sensibles —como UCI, oncología o trasplantes— vuelvan a cubrirse la nariz y la boca, pese a que la incidencia de infecciones respiratorias aún se mantiene en niveles moderados. Castilla y León ha emitido una alerta sanitaria aconsejando mascarilla en espacios cerrados y transporte público, y recomienda su uso a profesionales de centros sociosanitarios y a personas inmunodeprimidas o de mayor riesgo. Aragón ha activado órdenes para considerar “altamente recomendable” la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios y en interiores con aglomeraciones, con la puerta abierta a endurecerla si sigue escalando la gripe.
El contexto epidemiológico también ha cambiado respecto al estallido de la covid, pero no tanto respecto a los últimos inviernos. La circulación de gripe, covid y otros virus respiratorios vuelve a ser intensa y se adelanta ligeramente, pero los datos de gravedad se mueven en cifras similares a las de temporadas previas: más urgencias, más ingresos en planta, especial tensión en pediatría y en las plantas de mayores, pero sin una ola devastadora en cuidados intensivos. Las comunidades insisten en que el sistema llega al invierno muy justo de profesionales y recursos y reclaman que el debate no se limite a la mascarilla.
Los gobiernos autonómicos temen que una medida aparentemente técnica y temporal se utilice como base para nuevas obligaciones por parte del Gobierno central
La clave política sigue siendo la misma que hace un año: Dónde acaba la coordinación y dónde empieza la imposición. La ministra insiste en que no se trata de decretar de nuevo, desde Madrid, una mascarilla obligatoria generalizada, sino de acordar un “marco de actuación común” que luego cada autonomía pueda adaptar a su realidad. Las comunidades más críticas temen justo lo contrario: que un protocolo aparentemente técnico se convierta en una camisa de fuerza que limite su margen para modular las medidas según su situación, o que acabe utilizándose como base para nuevas órdenes de obligado cumplimiento si volviera a estallar el desencuentro.
En los hospitales y centros de salud, el debate se vive con menos épica y más pragmatismo. La mayoría de los profesionales asume que la mascarilla forma parte ya del paisaje invernal y que tiene sentido en salas de espera abarrotadas y plantas llenas de pacientes frágiles. Lo que irrita no es tanto el gesto de cubrirse la cara como la sensación de que, año tras año, se vuelve al mismo punto sin atacar el fondo: Cupos imposibles en primaria, plantillas en cuadro y una red sociosanitaria que se convierte en tapón cada vez que el virus aprieta.
El pulso de este viernes marcará si la polémica de las mascarillas obligatorias entra en una fase más adulta, con reglas claras y compartidas, o si volvemos al tablero conocido de cartas cruzadas, protocolos vetados y decisiones unilaterales. Para los cinos, sin embargo, el resumen será más sencillo: saber si este invierno habrá señales claras y previsibles sobre cuándo ponerse la mascarilla y por qué, o si cada comunidad seguirá jugando su propia partida, con el hospital como escenario y la gripe como excusa.
