A partir de septiembre de 2025, las familias con hijos menores de 16 años podrán beneficiarse de una nueva medida del Gobierno: una ayuda directa de hasta 100 euros para la compra de gafas o lentillas. Un paso importante —aunque con sus matices— dentro del llamado Plan Veo, orientado a garantizar que ningún niño se quede sin corrección visual por falta de recursos económicos.
El presidente Pedro Sánchez anunció este programa como parte del paquete de medidas del Gobierno de coalición. El objetivo es claro: reducir la desigualdad en el acceso a productos ópticos básicos y mejorar el rendimiento académico de los menores que sufren problemas de visión. Según datos de Save the Children, más de 720.000 niños en España necesitan gafas pero no pueden permitírselas. La situación, lejos de ser menor, afecta directamente a su desarrollo educativo y social.
La ayuda será universal, es decir, no dependerá del nivel de renta ni exigirá un trámite burocrático complicado. Basta con cumplir tres requisitos:
- Tener menos de 16 años.
- Contar con una receta médica que acredite la necesidad de gafas o lentillas.
- Estar incluido en el Sistema Nacional de Salud.
La subvención cubrirá un máximo de 100 euros. Si el coste del producto supera esa cifra, la diferencia la asumirá la familia. En el caso de las lentillas, también se incluye el líquido y el suministro necesario para un año completo.
Aunque el detalle de los trámites se está ultimando, se prevé que el proceso sea sencillo y ágil. Se podrá acudir a establecimientos adheridos a la medida presentando la receta y el justificante del Sistema Nacional de Salud. Se espera que la iniciativa entre en vigor en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.
La Comunidad de Madrid lleva más de un año con su programa de gafas gratuitas para menores de 14 años sin requisitos de renta ni tope presupuestario
El anuncio no ha estado exento de críticas y réplicas. Desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se recordó que su programa de gafas gratuitas para menores de 14 años ya lleva más de un año en marcha, sin requisitos de renta ni tope presupuestario. De hecho, en 2024 firmaron un convenio con el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas para ofrecer este servicio a más de 135.000 menores.
La polémica se avivó con la tribuna de opinión publicada en diferentes medios afines al Gobierno central, donde se cuestionaba la “universalidad” de la medida estatal. ¿Tiene sentido que también las familias con recursos reciban esta ayuda? ¿No sería más justo concentrarla en quienes verdaderamente no pueden asumir el coste de unas gafas? Desde este punto de vista, se argumenta que, si el presupuesto es limitado, debería priorizarse en función de la necesidad.
Otros expertos, sin embargo, defienden el enfoque universal: evita estigmas, simplifica los trámites y garantiza una aplicación más equitativa. Es el eterno debate entre focalización y universalidad en políticas sociales.
Medida electoralista o necesidad pública real
A pocos meses de un nuevo ciclo electoral, no han faltado quienes ven en esta ayuda un gesto más de calado político que sanitario. Pero la realidad es que los problemas de visión en niños van en aumento. Según datos del Consejo General de Ópticos-Optometristas, el 19% de los niños entre cinco y siete años tiene miopía, y se espera que la cifra aumente al 30% en 2030. El acceso a unas gafas no es solo una cuestión de salud ocular, sino de justicia social.
En un país donde se subvencionan medicamentos, vacunas y revisiones médicas, la pregunta que queda es: ¿Por qué no también las gafas, si de ellas depende que un menor pueda ver la pizarra o leer un libro?
