Las pediatras que atendieron al menor en el Hospital de Elda y en el centro de salud de Petrer fueron sentenciadas a penas de prisión por un diagnóstico erróneo que acabó con su vida. La familia recibirá una indemnización de 180.000 euros.
El juzgado de lo Penal 2 de Alicante ha condenado por homicidio imprudente a dos pediatras que atendieron a Aitor, un niño de ocho años que falleció en octubre de 2020 a causa de una peritonitis. La condición médica que provocó su muerte fue ignorada durante varios días, a pesar de que el menor acudió en repetidas ocasiones a urgencias en el centro de salud de Petrer y en el Hospital de Elda, en la provincia de Alicante. La autopsia reveló que el diagnóstico erróneo y la falta de pruebas clave, como ecografías y análisis sanguíneos, fueron determinantes en la tragedia.
Un error fatal en las urgencias de Elda y Petrer
El calvario de Aitor comenzó el sábado 24 de octubre de 2020, cuando comenzó a quejarse de dolor abdominal en la casa de sus abuelos. A pesar de los síntomas, la pediatra de guardia en el centro de salud de Petrer no vio señales alarmantes y envió al niño de vuelta a casa. Al día siguiente, con vómitos persistentes y un estado cada vez más grave, Aitor regresó al centro de salud, donde fue derivado al Hospital de Elda.
A pesar de los antecedentes y la gravedad del cuadro clínico, la primera pediatra que atendió a Aitor en el hospital no realizó las pruebas necesarias. En lugar de solicitar una ecografía abdominal o una analítica sanguínea, simplemente recomendó que la familia regresara si los vómitos empeoraban. La decisión fue criticada por la jueza, quien la calificó como una “mala praxis” y un “error de diagnóstico grave”.
El estado de salud de Aitor siguió deteriorándose, y el miércoles 28 de octubre, la familia lo llevó nuevamente al centro de salud de Petrer, donde la segunda médica implicada tampoco realizó una exploración física adecuada ni solicitó pruebas complementarias. Le administró un medicamento inapropiado y lo envió a casa. Dos horas después, fue trasladado de urgencia al hospital, donde ya no pudo salvarse.
La jueza que dictó la sentencia consideró que ambas médicas incurrieron en un error de diagnóstico «cuantitativo y cualitativo de extrema gravedad». Como resultado, la primera pediatra fue condenada a dos años de prisión y 3,5 años de inhabilitación para ejercer la medicina, mientras que la segunda recibió una condena de un año de prisión y tres años de inhabilitación. La sentencia también incluyó una indemnización económica para la familia del niño, que asciende a casi 180.000 euros, a ser abonada por la aseguradora Berkshire Hathaway y, subsidiariamente, por la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana.
La decisión judicial se fundamentó en las pruebas periciales, que incluyeron el testimonio de una persona que estuvo presente en las urgencias del hospital y vio al niño retorcerse de dolor, además de las declaraciones de la abuela del menor, que fue clave en la lucha por conseguir atención médica adecuada para Aitor.
El caso de Aitor pone en evidencia las deficiencias en la atención médica en situaciones de emergencia, y subraya la importancia de un diagnóstico oportuno y de la realización de las pruebas necesarias para evitar que una enfermedad grave pase desapercibida. Las autoridades sanitarias deben reflexionar sobre la falta de protocolos adecuados en el tratamiento de los niños en urgencias, especialmente en un contexto de alta presión como el vivido durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el contexto no debe ser un justificante para la negligencia médica.
La condena a las pediatras y la indemnización otorgada a la familia son pasos importantes hacia la justicia, pero no pueden devolverle la vida a Aitor. Este caso subraya la necesidad urgente de una mayor responsabilidad profesional y de una revisión a fondo de los procedimientos de atención en urgencias, para que tragedias como esta no se repitan.
